En Panamá, el embarazo adolescente sigue siendo un problema persistente y alarmante para el desarrollo de la sociedad, especialmente en los sectores más vulnerables.
El reciente estudio Impacto Socioeconómico del Embarazo en la Adolescencia en Panamá del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) revela cifras que destacan la gravedad de la situación. El informe se enfoca en las uniones tempranas y las desigualdades que perpetúan este fenómeno. La falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la escasa educación sexual integral y la desigualdad de género son factores clave que agravan el problema. Estos factores crean un círculo vicioso que afecta no solo a las jóvenes madres, sino a toda la sociedad panameña.
Según el estudio, 9 de cada 10 madres adolescentes en Panamá tuvieron un hijo con una pareja mayor, y la mayoría de ellas tenían una diferencia de edad de más de cinco años. Esto pone de manifiesto la desigualdad de poder en estas relaciones. La diferencia de edad refleja una dinámica de vulnerabilidad en los adolescentes, quienes no tienen la capacidad de tomar decisiones informadas y libres. Esto las coloca en una situación de desventaja emocional, social y económica.
Este patrón de uniones desiguales es aún más marcado en las comarcas indígenas y en regiones como Darién y Bocas del Toro, donde el acceso a servicios de salud y educación es limitado. Las uniones consensuales, aunque no forzadas, se producen en un contexto de desigualdad estructural que perpetúa la dependencia económica y emocional de las adolescentes hacia sus parejas. Esto contribuye a que muchos jóvenes caigan en ciclos de pobreza y exclusión social, afectando a generaciones enteras.
El número de embarazos adolescentes en Panamá no ha dejado de aumentar en los últimos años. Según el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda de 2023, la cifra total de embarazos adolescentes alcanza los 383,205 casos. Este aumento refleja una situación alarmante para la juventud panameña y revela la falta de políticas públicas efectivas para prevenir los embarazos precoces y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes.
A pesar de que el embarazo adolescente ha sido un tema recurrente de debate, la situación no ha mejorado. El informe del UNFPA señala que las madres adolescentes tienen pocas opciones para acceder a una educación de calidad. Esto limita sus oportunidades en el mercado laboral y frena su desarrollo económico y personal. En 2021, 124,959 adolescentes entre 10 y 19 años habían sido madres. En 2023, esta cifra aumentó aún más, lo que demuestra el fracaso en los esfuerzos para frenar este fenómeno.
Una de las conclusiones más preocupantes del informe es que 7 de cada 10 madres adolescentes estaban en unión al momento de su embarazo, y un alto porcentaje, el 38%, ya convivían con sus parejas, algunas de las cuales eran significativamente mayores. Este fenómeno refleja la desigualdad estructural que caracteriza a estas relaciones.
En muchos casos, los jóvenes no solo carecen de educación adecuada para tomar decisiones informadas sobre su salud y su futuro, sino que también están expuestos a un ciclo de dependencia y vulnerabilidad. El estudio también identificó que el 73% de las madres adolescentes panameñas se unieron con hombres hasta cinco años mayores. Esto refleja patrones de uniones tempranas entre adolescentes y adultos, muchas veces sin que las jóvenes tengan la capacidad de consentir plenamente la relación. Esta situación es particularmente común en las comarcas indígenas y en provincias como Darién y Bocas del Toro, donde las adolescentes no solo carecen de acceso a servicios de salud adecuados, sino que también están aisladas de la información sobre educación sexual.
El embarazo adolescente no solo afecta directamente las vidas de las jóvenes madres, sino que también tiene un alto costo para la economía nacional. Según el estudio del UNFPA, Panamá pierde cerca del 2% de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a 1,500 millones de dólares debido a los costos evitables relacionados con el embarazo adolescente. Esta cifra es comparable a los ingresos generados por el tránsito de 7,000 a 9,000 buques a través del Canal de Panamá cada año. Esto representa el 50% de los ingresos que el país recibe de uno de sus activos más importantes, lo que subraya el impacto económico del embarazo adolescente.
Además de las consecuencias económicas, el embarazo adolescente también afecta profundamente el acceso de las jóvenes a la educación y el mercado laboral. El informe revela que el ingreso laboral anual de las madres adolescentes es, en promedio, 57% menor que el de las mujeres que fueron madres en edad adulta. Esta brecha salarial refleja las barreras que enfrentan las adolescentes para acceder a empleos bien remunerados, perpetuando la pobreza y limitando sus oportunidades económicas.
Solo el 14% de las mujeres que fueron madres en la adolescencia logran alcanzar el nivel universitario, en comparación con el 43% de las mujeres que fueron madres en edad adulta. Esto subraya la necesidad urgente de políticas públicas que permitan a las adolescentes compatibilizar la maternidad con su educación, lo que, a su vez, les brindaría mejores oportunidades laborales.
En resumen, el estudio muestra que el embarazo adolescente en Panamá no es solo un problema que afecta a las adolescentes involucradas, sino un desafío para toda la sociedad. Con un impacto negativo en la economía, la educación y la salud de los jóvenes, es urgente que el gobierno y la sociedad trabajen de manera decidida para ofrecer a los adolescentes las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y acceder a un futuro libre de desigualdad.
Frente a esta crisis que margina, empobrece y silencia a miles de niñas y adolescentes, es urgente romper el ciclo con acciones concretas. El acceso a educación sexual integral y el uso correcto del condón no son solo herramientas de prevención: son actos de justicia social que empoderan a las y los adolescentes a tomar el control de sus cuerpos y sus decisiones.
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